¿Quién teme a la sociedad civil?

• ¿Quién teme a la sostenibilidad? ¿Quién teme a la participación de una sociedad civil informada, en la vida política local y global? ¿Quién teme a los Convenios Internacionales? ¿Quién respeta a las asambleas participativas de la ciudadanía? ¿Quién confía en la sostenibilidad? Entonces ¿Qué querrá significar la palabra “democracia”?
• La reciente cumbre de Copenhage (un auténtico Kyoto+17 pero ya, definitivamente, sin tiempo para reaccionar) ha sido un fiasco absoluto. Un fracaso no sólo, ni especialmente, porque no se hayan alcanzado los acuerdos de mínimos que permitirían tener cierta confianza, o esperanza, en el futuro. Los mercaderes saben bien que siempre se está a tiempo para ultimar un buen negocio y si hay negocio, que lo hay, estos acuerdos llegarán. Seguramente tarde pero llegarán.
• Basta leer el suplemento de negocios de El País de esta semana para percibir que la “sostenibilidad” ocupa, definitivamente, un puesto preferencial en las páginas salmón. Son artículos de Josu Jon Imaz, presidente de Petronor: “¿Por qué tememos a la sostenibilidad?”; Jean Pierre Laurent, presidente de Renault España: “El coche eléctrico va a cambiar el modelo de negocio”; George Soros, presidente de la Soros Fund Management y del Open Society Institute: “Financiación frente al cambio climático” o los artículos de análisis de los periodistas Carlos Gómez: “Viento en popa en Iberdrola renovables” o Fernando Barciela: “España se relaja en eólica marina”
• De estas lecturas se desprende que la “sostenibilidad” ya se maneja como moneda de cambio posible ante un cambio de paradigma inevitable. El problema no parece ser ya la desconfianza en la “productividad” de las energías renovables o la financiación necesaria para la transformación de las industrias contaminantes en otras menos agresivas con el Medio Ambiente. Tampoco la necesidad de innovación que demanda este nuevo modelo de desarrollo "en el llano"* debe ser motivo de reticencias o temores, como apunta Imaz, pues España cuenta con unas empresas innovadoras punteras en el mercado mundial.
• No, no es esto lo más preocupante de lo ocurrido en Dinamarca en estas dos semanas. A la sostenibilidad no le teme ya ni la economía que ha decidido ser su principal abanderada. El invitado incómodo vuelve a ser “la gente”, la misma gente que puso sobre la mesa en los años ´70 estos problemas. Esa “gente” que hizo que la Cumbre de Río fuese una fiesta.
• El fracaso real ha quedado patente en las calles, y en las cárceles, de la muy civilizada y ordenada capital danesa. Esta Cumbre del Clima será recordada, sin duda, por la total ausencia de la sociedad civil en sus sesiones plenarias, sociedad civil perfectamente organizada, identificada, acreditada desde hace meses y bien documentada sobre los asuntos a tratar. Las cifras son sonrojantes, de las cerca de 21.000 acreditaciones gestionadas sólo 300 han contado con la preciada tarjeta amarilla que identificaba a las personas “autorizadas” a acceder al Bella Center. Copenhage 2009 ha significado la exclusión de la sociedad civil en la observancia de las decisiones que deberían garantizar la habitabilidad de la Tierra.
• El Convenio de Aarhus, firmado en Dinamarca el 25 de junio de 1998 por veinte países y ratificado por España el 29 de diciembre de 2004, trata sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a las justicia en asuntos ambientales. En su exposición de motivos reconocía que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras; Consideraba que para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y cumplir con ese deber, la ciudadanía debe tener acceso a la información, estar facultada para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales y, más, que en la esfera del medio ambiente, un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta.
• Quienes ejercemos una ciudadanía responsable no “creemos” tener derechos; la ciudadanía local, estatal, europea y global tenemos, de hecho, derechos. Uno de ellos es este, tenemos derecho a ser informados, a participar en los procesos de desarrollo de un proyecto que afecte a nuestro Medio Ambiente, ¿y puede alguien imaginar un proyecto más global, más universal que el calentamiento de la Tierra?, tenemos derecho a opinar y a ser escuchados.
• El paternalismo que ejerce la clase política, local o mundial, afecta gravemente a la Democracia participativa que preconizamos y queremos para nuestras ciudades. Dado que el derecho nos ampara demandamos unas reglas de diálogo claras, un reconocimiento de la representatividad de la sociedad civil. Exigimos más espacios de información transparente que nos permitan incidir en la toma de decisiones, queremos discutir y acordar, también nosotras, también nosotros. La política no es cuestión, sólo, de los políticos. La ciudadanía, y con ella la democracia, será Política o no será.